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domingo, 26 de febrero de 2017

UN CAMINO MUY PELIGROSO PARA LA REPÚBLICA. POR: PEDRO BORDABERRY

El calor del verano, la canícula como le decían allá lejos en el tiempo, en Durazno parece haber hecho pasar desapercibidas algunas manifestaciones que se vertieron en el Senado de la República la semana pasada.
Expresiones y acusaciones no sólo graves, sino peligrosas contra el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia.

Discutíamos el nuevo proyecto de ley que trata de solucionar el error que cometió el gobierno del Sr. Mujica a principios de su gestión. Si mal no recuerdo, es el cuarto proyecto de ley que promueve el oficialismo para solucionar ese engorro.
El asunto es conocido y fue uno de los tantos errores groseros que cometieron durante esos cinco años.
A principios del gobierno del Sr. Mujica, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley por el que equiparaban los sueldos de los Ministros a los de los Legisladores.
El problema es que en la ley escribieron “Ministro”, y ministros, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, son los del Poder Ejecutivo pero también los de la Suprema Corte de Justicia, los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas.
Por ende, la ley en su sentido literal y claro, equiparó los salarios de todos los Ministros a los de los Legisladores (lo que por otra parte es justo).

Al aprobar esta norma el Poder Ejecutivo no se dio cuenta (o no previó) que al aumentar los sueldos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia estaba aumentando, en cadena, el de otros funcionarios.
Ello debido a que una ley vigente establecía que el salario de los miembros de los Tribunales de Apelaciones es un porcentaje del de los Ministros de la Suprema Corte.
Ello también sucede con los Jueces de primera instancia (que son un porcentaje de los de los Tribunales de Apelaciones), de los de Paz, de los Actuarios y de los funcionarios judiciales.
Cuando se dio cuenta de la macana que se había mandado, el gobierno del Sr. Mujica, quiso arreglar el asunto de forma ilegal.
En primer lugar dijo que su intención era aumentar sólo los salarios de los Ministros del Poder Ejecutivo. Ese fue “el espíritu”, de la ley argumentaron para no dar los aumentos.
Se saltearon el Artículo 17 del Título Preliminar de las Leyes del Código Civil, que establece que cuando el tenor literal de la ley es claro no se puede desatender el mismo para consultar su espíritu.
Como no pagaron los aumentos, los perjudicados iniciaron juicios para cobrar lo que por derecho les correspondía.
Ante ello, cuál elefante en un bazar, Mujica y su equipo trataron de solucionar el tema con una ley “interpretativa”.
Una ley que decía que en realidad donde se decía “Ministros” no se había querido decir “Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del TCA, la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas”, sino sólo los del Poder Ejecutivo.
Una grosería jurídica y, además, una clara inconstitucional que le advertimos hasta el cansancio en el Senado.

El Poder Legislativo no puede meterse a resolver por la vía de una ley un conflicto judicial derivado del cumplimiento de una ley vigente y clara. Para que exista una ley interpretativa debe haber algo para interpretar y no una modificación de algo establecido.
Obviamente que la nueva ley fue declarada inconstitucional, como anticipamos.
Cuál mal perdedor, que de nuevo me trae el recuerdo de los tiempos de fútbol, allá lejos en el tiempo, en que el que perdía se llevaba la pelota, el gobierno del Sr. Mujica empezó a proponer leyes inconstitucionales para no pagar.
Fueron varias.
La última era tan inconstitucional que, ante nuestros argumentos señalando las groserías jurídicas que contenía, se nos respondió por un Senador del oficialismo que sabían que, si bien se trataba de una ley inconstitucional, su finalidad era ganar tiempo y así poder transar.

Finalmente, la semana pasada empezaron a recorrer el camino que tenían que haber recorrido desde el primer día. Reconocieron que debían pagar y empezaron a buscar fórmulas de acuerdo para ello.
Es lo que debe hacer en un Estado de Derecho toda persona que mantiene un adeudo: sentarse con sus acreedores y llegar a un acuerdo.
Si bien no había acordado en su totalidad con los acreedores, el oficialismo propuso una ley que habilitaba los fondos para atender esa posible transacción. Lamentablemente, la transacción fracasó.
Pero más allá de eso, en la discusión en el Senado, desde la bancada del Frente Amplio se realizaron acusaciones muy graves hacia la Suprema Corte de Justicia que mucho lamentamos y más rechazamos.

Se dijo que “el Poder Judicial le torció la voluntad al Parlamento” y se puso en duda las intenciones de Ministros de la Corte que no realizaron reclamos de sus derechos.
En una República, en un Estado de Derecho, en una Democracia que se precie de serlo, como la nuestra, el Poder Judicial no le tuerce la voluntad al Parlamento cuando aplica una ley vigente.
En una República cuando el tenor literal de la ley es claro, no pueden el Parlamento o el Poder Ejecutivo decir que la misma no dice lo que dice porque su intención era otra.
En una República se aplica la ley cuando ésta es clara y el Poder Ejecutivo cumple con sus obligaciones y con las sentencias judiciales.
El Derecho se nutre de normas legales y no de las intenciones o espíritu del gobernante de turno.
Como le hace decir Shakespeare al juez en “El Mercader de Venecia”, “no puede ser, no debe ser, no existe poder que pueda pasar por encima de una norma. De hacerse esto, seguirían funestos resultados”.