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domingo, 18 de junio de 2017

SENADOR MIERES (P.I.) PRESENTA PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE TARJETAS CORPORATIVAS

El Senador del Partido Independiente Pablo Mieres, presentó un proyecto de Ley que prohíbe el uso de tarjetas de crédito corporativas a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados emitir tarjetas de crédito o débito de carácter corporativo a favor de los directores y/o gerentes de esos Organismos.

En la exposición de motivos, el Senador Mires expresa que “las tarjetas corporativas constituyen instrumentos donde el debido contralor del gasto es de difícil realización”. Mieres considera que existiendo viáticos y gastos de representación para los jerarcas, “parece excesivo que además tengan una disponibilidad de dineros públicos con límites elevados, lo que puede dar lugar a un mal uso de ese instrumento”.

Esta iniciativa, que surge luego que se conociera el informe acerca el uso que se ha hecho de las tarjetas corporativas y tiene por finalidad acotar el uso indebido de los dineros públicos.

Montevideo, 12 de junio de 2017

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Raúl Sendic

De mi mayor consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Senadores, me dirijo a Ud a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta por el que se establece la prohibición de emitir tarjetas corporativas a favor de Directores y gerentes por parte de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Prohíbese a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados emitir tarjetas de crédito o débito de carácter corporativo a favor de los directores y/o gerentes de esos Organismos.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley pretende acotar el uso indebido de los dineros públicos. Las tarjetas corporativas constituyen instrumentos donde el debido contralor del gasto es de difícil realización, sobre todo para los ordenadores de gastos que en general dependen de que los titulares de las tarjetas corporativas respectivas realicen la correspondiente rendición de cuentas, lo que dificulta el análisis y eventual cuestionamiento del gasto en sí mismo.
En esa medida, y existiendo viáticos y gastos de representación que se abonan a los jerarcas cuando deben concurrir a misiones en el exterior, parece excesivo que además tengan una disponibilidad de dineros públicos con límites elevados, lo que puede dar lugar a un mal uso de ese instrumento.
Sabido es que, tal como indica el Decreto 30/03, todos los funcionarios públicos con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado o de las personas públicas no estatales deberán ajustarse al principio de buena administración en lo relativo al manejo de los dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes de organismos públicos; y que de conformidad con los artículos 119 y siguientes del TOCAF sus transgresiones constituyen faltas administrativas aun cuando no ocasionen perjuicios económicos.
La norma proyectada apunta a reforzar los principios y conceptos indicados.