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domingo, 5 de agosto de 2018

EL PESO DE LA INEFICIENCIA

(Por Gabriel Gabbiani )
El Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF, según su sigla en inglés) dio a conocer en los últimos días un informe que revela que el Estado uruguayo se encuentra en el puesto 117 de 136 países analizados en el ranking de Eficiencia en el Gasto Estatal.
Con puntuaciones que van desde 1 (extremadamente ineficiente) hasta 7 puntos (extremadamente eficiente), Uruguay obtiene un puntaje de 2.3.
Dicho de una manera descarnada, el dinero de los contribuyentes uruguayos es malgastado, prodigado, derrochado, despilfarrado y malversado.
Cosa que los uruguayos ya sabíamos, por otra parte, antes de que el llamado “Foro de Davos” -como también se conoce al WEF por reunirse en Asamblea Anual en el monte Davos, en Suiza, donde está su sede- nos lo dijera.
La autora del informe es una fundación internacional, privada, independiente y sin fines de lucro que congrega a los principales jefes de Estado y de gobierno, además de organizaciones internacionales y líderes de los ámbitos de los negocios, sociedad civil, académico, arte, periodistas e intelectuales distinguidos de todo el mundo.

Con el compromiso de mejorar la situación mundial, intenta influir en sus agendas industriales, regionales y globales, y con ese fin sólo participan de la reunión personalidades selectas, cuyo propósito es analizar las cuestiones, conflictos e inconvenientes más decisivos que afronta el mundo.
El WEF produce una serie de reseñas que abordan exhaustivamente la vasta sucesión de asuntos globales que analiza para contribuir a minimizar los inconvenientes y a mejorar en términos generales la situación mundial. Periódicamente publica informes sobre sus eventos clave, entre ellos el Informe de Riesgos Globales, el Informe de Competitividad Global y el Informe Global sobre Brechas de Género, pero además elabora publicaciones sobre temas tan diferentes como la educación, el medio ambiente, las tecnologías y las industrias individuales, la necesidad de preparar a los trabajadores del futuro ante los cambios tecnológicos que se acercan, el crimen financiero, la igualdad de oportunidad de género o la lucha contra el miasma de las noticias falsas (“fake news”).
Este año la Asamblea Anual tuvo lugar entre el 23 y el 26 de enero, y como resultado de ella el pasado 30 de junio el WEF dio a conocer, entre otros documentos, el que señalamos, el Índice Global de Competitividad, que hace referencia a la Eficiencia en el Gasto Estatal.
El desperdicio en el gasto público evidenciado en el informe preocupa, y mucho, a los investigadores a nivel global, pero debería preocupar aún mucho más a las autoridades nacionales y departamentales de nuestro país.
Siempre se ha señalado que el Estado gasta mucho y mal.
Es cierto. Es innegable.
Generalmente los proveedores del Estado elaboran listas especiales de precios (más caros) de sus servicios, productos o artículos ante la certeza de que cobrarán por sus ventas no menos de 3, 4 o 5 meses después, si tienen suerte.
La gente ya no sólo percibe, sino que comprueba que los Gobiernos Nacional y Departamental cobran muchos y elevados impuestos y tasas, muchas veces alejados de la realidad del bolsillo del contribuyente que tiene que hacer enormes esfuerzos para afrontar esas imposiciones.
Pero, en contrapartida, las obras, inversiones o servicios no se ven, se ven poco o son de mala calidad.
Muchas veces se insiste con que se invierte muchísimo en educación y salud pública, pero lo cierto es que los resultados son cada vez peores en ambos escenarios.
Tener que estar meses para conseguir consulta con un especialista, alcanzar un bachillerato poco menos que “de manera más que accesible” -por decirlo sutilmente- para reducir las repeticiones, demorar horas para hacer pocos kilómetros en el auto debido a que el pésimo estado de las carreteras no se soluciona, o demorar meses o años para construir o reparar un puente, o reparar las calles de las ciudades de forma desmañada con trabajos cuya duración sobreviven unos pocos meses y deben volver a repararse en una cadena interminable, no es correcto.
Ello frustra a la gente, origina suspicacias y por encima de ello, demuestra la indolencia, la apatía y la falta de controles y de fiscalización sobre los trabajos encargados por el Estado, sea el Gobierno Nacional o la Intendencia.
Pero hay otro aspecto que contribuye a agravar la forma adversa en que las autoridades manejan los dineros de la gente. Y es el que se liga a la corrupción y a los dineros mal utilizados. Gastar en el riego bituminoso es una cosa; invertir en calles de doble carpeta asfáltica que puedan durar una década y más, es otra. Y allí está la Ruta 54, de acceso a Juan Lacaze, para demostrarlo. Con plena vigencia y excelente calidad desde 1989, cuando se construyó siendo ministro Jorge Sanguinetti. Casi 30 años casi sin arreglos.
El gobierno uruguayo -y siempre nos referimos al Nacional y al Departamental- gasta mucho y mal. Persiste una enorme carga impositiva sobre la sociedad con contraprestaciones de mala calidad. Más allá de la presentación de las Rendiciones de Cuentas, los estados que se presentan son dudosos, poco transparentes (inevitablemente el Tribunal de Cuentas difiere con ellas) y quedan sujetas, aquí y allá, al capricho de una mayoría circunstancial.
Por ello, el gobierno no se responsabiliza del costo íntegro de sus decisiones.
Ni Uruguay ni Colonia pueden darse el lujo de la dilapidación.
Y cuando el gobierno se endeuda (la Rendición de Cuentas a estudio hoy del Parlamento Nacional supone un aumento del gasto de $4.700 millones), el problema se profundiza por dos razones: porque el gobierno, sin dudas va a seguir gastando mal a costa del bolsillo del contribuyente, y porque esos costos malgastados serán transferidos a las generaciones futuras.
Y eso no es justo.

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