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| (Opinión por Daniel Bianchi) |
La situación que atraviesa el mercado inmobiliario, en el
país en general y en nuestro departamento en particular, es objeto de análisis
por parte de distintos agentes y operadores turísticos ante la inminencia de la
aprobación parlamentaria -con la conformidad de los legisladores del
oficialismo únicamente, casi con seguridad- del controvertido Acuerdo de
Intercambio de Información Tributaria entre Uruguay y Argentina.
La eventual concreción del mismo, vista más como una amenaza
que como un beneficio, ha dado lugar a la incertidumbre y al temor en diversos
sectores, y ello ha provocado que las inversiones argentinas desciendan en
Uruguay, y lo hacen en mayor grado a medida que se acerca la definición del
acuerdo.
El gobierno nacional argumenta que Uruguay está en
condiciones de ingresar como miembro pleno de la Organización de
Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), pero es bueno comprender que
ésta es un organismo de cooperación internacional integrado por 34 países con
el objetivo de coordinar sus políticas económicas y sociales, que no tiene
potestades jurídicas, de manera que mantenerse ajeno a él no aparejaría
consecuencias para Uruguay.
Hace tiempo que Uruguay se ha abocado a concretar ajustes
legislativos y a elaborar condiciones que apunten a eliminar todas aquellas
vacilaciones relativas a la transparencia y la cooperación internacional,
fundamentalmente con vistas a evitar la evasión de impuestos, la fuga de
capitales y el lavado de activos (recuérdese lo sucedido en 2009, cuando
Uruguay fue incluido en una lista negra de paraísos fiscales).
Esa es la razón por la cual, desde el gobierno, se defiende
con tanto ahínco el Tratado con Argentina.
Pero la oposición señala que, más allá de la presión
internacional, el acuerdo no debe ser suscripto antes del año 2014 porque
Uruguay no está obligado a ello. Por lo menos, no en las actuales
circunstancias.
Ese es el gran problema: el gobierno argentino actual no es
confiable ni creíble, y no ofrece las garantías adecuadas como para firmar un
pacto de esta naturaleza, porque más allá de lo que diga el texto, es seguro
que utilizará las facultades que el
mismo le conceda de manera totalmente arbitraria.
El gobierno argentino ha asegurado que no habrá
retroactividad ni doble imposición, pero nadie le cree, entre otras razones,
porque ya ha violado tratados similares. Lo hizo, sin ir más lejos, durante la
campaña electoral de 2009, cuando utilizó información confidencial contra el
empresario Francisco De Narváez, actual diputado nacional por la provincia de
Buenos Aires. En este escenario, cualquier suspicacia que sea incluida en el
Tratado derivará en la desaparición de las garantías para Uruguay.
Si se tratara de otro país -Uruguay ha firmado tratados
bilaterales de intercambio de información con veinte naciones- tal vez las
perspectivas serían distintas, pero el proceder del gobierno argentino respecto
a su par uruguayo -y afectando directamente al pueblo uruguayo, lo que es aún
mucho peor- a la Unión
Europea y a otros países, ha dejado en claro la falta de
confiabilidad. La soberbia, los abusos y los atropellos del gobierno del vecino
país, dentro y fuera de fronteras, en muchos casos contraviniendo y vulnerando
la legalidad y el Derecho internacional, no hacen de él un protagonista
confiable.
Y para dar prueba de ello baste recordar la violación del
Tratado de Asunción que regula al MERCOSUR, la expropiación ilegítima de la YPF y la confiscación de los
ahorros de los argentinos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (AFJPs), entre otros.
Súmense a ello las decisiones altamente perjudiciales para
Uruguay que han significado el freno a la construcción de nuevos muelles en el
Puerto de Nueva Palmira, la dilación del dragado del Canal Martín García, la
negativa a dar a conocer públicamente los resultados de las mediciones de las
emisiones de la planta UPM en Fray Bentos, y las últimas medidas adoptadas con
vistas a evitar que los argentinos veraneen en Uruguay, tales como el corralito
del dólar, la doble cotización de la moneda y los recargos a las tarjetas de
crédito.
De tal suerte, el gobierno argentino dista mucho de
mostrarse como un socio confiable, mientras su par uruguayo sucumbe una y otra
vez a los caprichos surgidos desde el otro lado del río.
Entre los años 2003 y 2012, merced a las medidas de ajustes
financieros adoptadas por el gobierno en 2002 y al contexto internacional
altamente favorable, Uruguay ha registrado el mayor crecimiento económico de su
historia, la mayor inversión inmobiliaria (superior, incluso al boom de la década
de 1980), y la más alta producción industrial y agropecuaria de toda su vida.
La inversión inmobiliaria fue clave para ello, y para ello no fue menester
contar con los tratados que hoy exigen algunos organismos internacionales.
En contrapartida, la firma del Tratado en este contexto
provocará que la industria de la construcción y la actividad inmobiliaria deban
soportar resultados altamente desventajosos, y los primeros perjudicados serán
Maldonado, Colonia y Montevideo, en ese orden.
No queremos eso para el país ni para nuestro departamento.
No es el momento de firmar un Tratado de esas
características.
No lo es por lo que ha demostrado el gobierno argentino.
Y también por lo que no ha mostrado el gobierno uruguayo.