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| (Alfredo Martínez) |
Debido a las noticias difundidas en
distintos medio de comunicación departamentales y nacionales con
respecto al pedido de procesamiento del Intendente Zimmer por parte
de la fiscalía, TararirasHOY dialogó con Alfredo Martínez
quién realizó dos denuncias en su contra. Al respecto nos dijo lo
siguiente:
“En primera instancia, yo no tenía
muchas intenciones de salir a hablar de esto porque no soy parte de
ésto. Fui parte cuando se hizo la denuncia pero luego quien es
parte, es la fiscalía.
Pero como fui aludido en una nota
que realizó el Intendente días pasados, me parece que es importante
aclarar algunas cosas. Primero; esta denuncia penal nace a fines de
mayo del 2010 -si mal no recuerdo-, que fue parte de un proceso.
Yo asumo como intendente de Colonia
en febrero de 2010 y a los tres días que asumo llegan funcionarios
municipales de cierta jerarquía que trabajaban en el área del
Departamento de Hacienda a denunciarme por escrito, irregularidades
que existían en los procesos de empadronamiento y reempadronamiento
de vehículos. A partir de ahí se empezó una investigación
administrativa, a eso se le sumó la denuncia de privados
(particulares) que eran contribuyentes de la Intendencia de Colonia,
que habían sido perjudicados por la forma en que se habían
empadronado vehículos y esto fue anexado a la administración
administrativa.
La administración administrativa es
un formalismo donde se asegura un proceso cristalino y transparente
para todas las partes que estén involucradas dentro de esa
investigación.
Luego de la investigación se hace
un sumario administrativo, que es también una figura administrativa
que le da la oportunidad a todos los funcionarios que estén
involucrados en un tema, a poder presentar descargos, declarar y
presentar pruebas.
Se hizo este sumario administrativo
y cuando éste termina es que se llega a una conclusión, la
conclusión a la que se llega es que había ciertas irregularidades
que eran de apariencia delictiva, o sea, que se podía presumir
delito, porque afectaba a las arcas municipales ya que había perdida
económica para la Intendencia y además se estaba mal usando valores
municipales como lo son las chapas de empadronamiento, chapas
matrículas y demás. Todo esto fue una etapa.
En paralelo a eso, nosotros tenemos
un órgano que es el que fiscaliza y controla a todas las
intendencias que es el Tribunal de Cuentas de la República. Este
Tribunal me pide como Intendente que le envíe una copia de todos los
proyectos de cooperación internacional y de la rendición de
cuentas, de como se gastaba el dinero que venía de la cooperación
internacional.
Cuando nos piden eso a nosotros nos
da una alerta, y también hacemos una investigación administrativa
con respecto a eso y nos encontramos con que hay un manejo desprolijo
de los fondos de cooperación internacional, lo que también nos da a
presumir diferentes actos de apariencia delictiva.
Juntamos las dos investigaciones y
resolvemos hacer una denuncia penal. Por supuesto que con la
responsabilidad que corresponde, haciendo las consultas legales
necesarias se presenta una denuncia en mayo al Juzgado Letrado de
Colonia en donde tiene dos tópicos: los procesos administrativos
irregulares en los empadronamientos y el manejo de los fondos de
cooperación internacional. Estas dos cosas quiero que la gente lo
tenga claro.
Esta no es una denuncia penal por un
tema de patentes, bienvenidos todos los nuevos contribuyentes de la
Intendencia de Colonia, lo que sí encontramos es que en los
procedimientos para eso había diferencias, donde había hasta
injusticia tributarias. Detectamos que había contribuyentes nuevos,
que venían de otros departamentos a través de gestorías que no
tenían el mismo trato, ni pagaban lo mismo que los contribuyentes
que iban a cada una de las oficinas de las Juntas Locales.
Partiendo de la base que el
presupuesto quinquenal de la Intendencia, que es ley, no permitía
que existieran oficinas privadas que hicieran trabajos municipales y
acá teníamos gestorías que tenían valores, documentos, chapas y
empadronaban y eso no se podía hacer. Por lo tanto ésto no es un
tema de patentes, es un tema de procedimientos, donde hubo perjuicio
económico. Eso es lo que nosotros detectamos en un sumario
administrativo; pero nosotros no podíamos calificar si había algún
delito, eso le corresponde a la justicia. Lo que nosotros hicimos es
la denuncia como cualquier funcionario público tiene el deber de
hacerlo.
Se hizo la denuncia penal y a partir
de ese momento nosotros no somos más parte, yo no me entero más
nada del proceso, porque pasa a ser parte el fiscal. Durante estos
tres años, finalmente el fiscal terminó resolviendo que teníamos
razón, lo que nosotros presumíamos que había delito era cierto y
solicita el procesamiento de dos jerarcas municipales.
El proceso hoy en día está
suspendido porque se presentó un recurso de anticonstitucionalidad,
pero eso es un tema de la justicia y de los denunciados. Nosotros
estamos con la tranquilidad de que hicimos un trabajo, hicimos un
proceso administrativo con todas las garantías y terminamos
identificando que había presumiblemente delito. La fiscalía -que es
parte de la justicia uruguaya- nos terminó dando la razón a
nosotros, había delito y solicitó el procesamiento. Se presenta un
recurso que de acuerdo a un formalismo legal la Suprema Corte de
Justicia dirá si es imputable o no las personas denunciadas.
En estos tres años mantuve la
prudencia de no hablar del tema porque había un proceso, pero en
estos días decidí hablar porque me sentí agredido por el
Intendente, ya que trata superficialmente de dejar como que este tema
es solo de patentes, de que es una denuncia que hice yo por
consecuencia a mi alejamiento a la Secretaría General, pero no tiene
nada que ver ninguna de las dos cosas. Nosotros asumimos una
responsabilidad, trabajamos con responsabilidad e hicimos lo que se
debía hacer.
Todos creemos y confiamos en la
justicia, en eso coincido con el Intendente, por lo que
dijo en el reportaje que vi, pero hubiera sido bueno de que no se
suspendiera este proceso a través de un recurso de
inconstitucionalidad, porque si alguien esta tranquilo como obra,
está convencido de que actuó de acuerdo a las normas legales y
confía en la justicia, no tendría que tener ningún tipo de
problema en ser juzgado y no tratar de suspender un proceso
judicial”.
Por: Daniel Viera