La Junta Departamental de Colonia fue llamada el miércoles 28 a fin de tratar un Proyecto de Decreto remitido por el Ejecutivo Departamental con el fin de autorizar la aplicación de multas de hasta 70 Unidades Reajustables (UR) a locales comerciales en caso de incumplimiento de medidas sanitarias y/o protocolos de actuación dictados para evitar la aparición y propagación del COVID 19.
El mismo había sido considerado previamente por dos comisiones, la de Hacienda y la de Legislación, las cuales hicieron aportes positivos brindando cada una un informe en Mayoría y otro en Minoría, tales como que el aumento de las multas debería ser de carácter progresivo y que a los locales comerciales se sumara “cualquier tipo de inmueble” donde se realizaran eventos temporalmente inhabilitados. El informe en Mayoría de la Comisión de Legislación, no obstante, modificaba el monto de las multas llevándolas de 10 a 1.000 UR.
El Partido Colorado, expresando la voluntad de sus dos ediles, Malvina Sarett y Gabriel Gabbiani, deseaba aplicar la máxima multa que se pudiera de forma reglamentaria. Ello como forma de acompañar los ocho puntos que a nivel nacional el 15 de marzo, a un año de la pandemia, el sector Ciudadanos había presentado al Poder Ejecutivo para tratar de disminuir los números de contagios de COVID-19, dado que se pasó de tener una situación controlada a tener un descontrol viral. Uno de los puntos precisamente presentado por ese sector colorado en aquella oportunidad, y que venía al caso en la oportunidad, era poner multas por incumplimiento de todas las medidas preventivas.
Por ello, el Partido Colorado aspiraba a que el P. Nacional y el FA acompañaran dicha iniciativa en beneficio de la población toda. En ese marco, los colorados advirtieron al plenario que por la Ley 9.515 la Junta Departamental no podía autorizar multas superiores a las 350 UR, y ello siempre y cuando se obtuvieran dos tercios de votos del total de componentes de la Junta, es decir, 21 votos. De lo contrario, se estaría violando la ley.
El P. Nacional admitió que lo señalado por el coloradismo era correcto y, asumiendo que el FA votaría negativamente, propuso que la multa se ubicara entre 10 y 209 UR, para lo cual se requería mayoría absoluta (16 votos). Paralelamente solicitó que el tema se diera por suficientemente discutido, lo que motivó el malestar del FA, que tenía ediles anotados para hacer uso de la palabra, y se retiró de Sala.
El Partido Colorado lamentó la decisión del FA porque tenía conocimiento de que tenía aportes que realizar, y algunos ediles estaban dispuestos a apoyar la iniciativa.
Hoy, con más de 1.000 casos activos en el departamento, la Intendencia considera el tema, y para los ediles colorados la decisión es atinada, pero llega tarde.
En tal sentido recordaron, por ejemplo, que desde el 15 de mayo de 2020 rige el uso obligatorio del tapabocas en el transporte público, cuya fiscalización está a cargo de la Dirección de Tránsito de la Intendencia, pero que ésta no está llevando a cabo.