Si bien la explicación oficial del gobierno de la República Argentina
indica que el paquete de medidas restrictivas para el movimiento de divisas de
los argentinos que salgan del país o realicen compras apunta a impedir las
eventuales fugas de dólares a efectos de lograr una indemnización por la
ingente necesidad de divisas que tiene la economía del vecino país, lo cierto
es que, sin prisa ni pausa, el gobierno de Cristina Fernández continúa
pergeñando distintas ideas para evitar que los argentinos compren productos o
servicios uruguayos.
En esta especie de “guerra fría” que Argentina viene
desenvolviendo desde hace meses, y evaluando que el “cepo cambiario” al dólar y
el recargo de un 15% a las compras con tarjeta de crédito que los argentinos
realicen en el exterior aún no son suficientes, ahora el gobierno de la vecina
orilla anuncia nuevas medidas para entorpecer el turismo de sus ciudadanos en
el exterior.
Así, la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) dará a conocer en las próximas horas -luego de ser revisadas por el
Banco Central Argentino -nuevas medidas restrictivas a la salida y las compras,
las que fueron acordadas con la Cámara Argentina de Turismo (CAT).
Entre ellas, se encuentra la creación de un nuevo impuesto
del 50% sobre las compras realizadas en los free-shops cuando éstas superen los
300 dólares, tributo que los técnicos que lo elaboraron proponen retener
directamente en las cajas de los comercios de frontera donde se realicen las
compras.
El impacto es terrible.
Pero ello no es todo.
La AFIP
-sigla que, por estas horas, suena funesta ya no a los argentinos, sino a los
propios uruguayos- propone además aplicar un recargo del 15% para los pasajes y
paquetes turísticos al exterior que se abonan en pesos argentinos, algo que el
propio director de la AFIP,
Ricardo Echegaray, había asegurado días pasados en diálogo con los operadores
turísticos de su país que no estaba dispuesto a instrumentar.
La justificación oficial es que con este tipo de medidas se
procura evitar la evasión fiscal, pero dos cosas quedan al desnudo con estas
resoluciones: primero, que el gobierno argentino procura aplicar sanciones
plenarias a cualquier forma de turismo fuera de sus propias fronteras, y segundo,
que la consecuencia inmediata es la que todos conocemos: menos turismo en
Uruguay y con menos gastos, con las consecuencias adversas que ello tiene para
la economía de nuestro país, y de nuestro departamento en especial.
Mientras de esta manera Argentina conculca las libertades de
sus ciudadanos, impidiéndoles elegir su lugar para vacacionar o su forma de
pago, y castigando con sanciones pecuniarias elevadísimas a quienes no se
mantienen en la línea que el gobierno instituye, se soslayan numerosos temas de
capital importancia para nuestro país, entre ellos el dragado del Canal Martín
García, la situación del puerto de Nueva Palmira y el monitoreo de la planta de
celulosa de UPM Forestal Oriental (ex Botnia), que se suman a las trabas al
comercio, las restricciones al acceso de dólares y las mencionadas nuevas
disposiciones contra el turismo en el exterior.
La mayoría de esas providencias afecta y atenta directamente
contra el proceso de los negocios uruguayos que compiten o, cuando menos,
entorpecen los intereses argentinos.
Y ello sin profundizar en el hecho de que las medidas
proteccionistas del gobierno argentino no sólo incumplen muchas de las normas
del MERCOSUR sino, además, de la Organización Mundial
de Comercio (OMC).
La agenda bilateral -trabada ya desde la pasada
administración de gobierno con el corte de los puentes sobre el Río Uruguay-
sigue tan obstruida como siempre y la promocionada amistad entre el Presidente
Mujica y su par Cristina Fernández, no ha quedado, en el mejor de los casos,
más que en eso: una promoción publicitaria.
Nada está dicho, pero algo es seguro: la escalada de medidas
de esta índole por parte del gobierno argentino, dista mucho de haber
finalizado.
Y algo más puede asegurarse con certeza: las complicaciones
para los productos y los servicios uruguayos se continuarán incrementando, y la
afectación que ello tendrá en la economía nacional y departamental, será mucho
más grave de lo que muchos arriesgan.
Lástima que algunos se darán cuenta tarde.