Procurando colaborar en la
implementación de medidas contra la inseguridad, el Grupo Puerto
Sauce Unido (GPSU), de Juan Lacaze, los Centros Comerciales de Nueva
Helvecia, Colonia Valdense, Rosario, Juan Lacaze, Tarariras (en
formación) y la Asociación Comercial e Industrial de Colonia del
Sacramento (ACIC) acordaron agotar lo que entienden la última vía
diplomática posible antes de impulsar medidas de movilización como
cierres parciales en horarios comerciales, marchas ciudadanas u
otras.
Con ese objetivo, y de acuerdo a lo
anunciado, representantes de los mencionados grupo e instituciones se
reunieron en el Club CYSSA, instancia en la cual, ante la falta de
respuesta de parte de las Fiscalías Departamentales de Rosario -que
nunca respondió los pedidos de audiencia cursados por el GPSU ni por
los Centros Comerciales- y de Colonia del Sacramento -cuyo titular
hizo lo propio, aunque los fiscales ayudantes sí se reunieron con
interesados a los que responde su jurisdicción- acordaron solicitar
una entrevista al Fiscal Adjunto de Corte, Dr. Ariel Cancela.
Se procura con ello, según se explicó,
transmitirle detalladamente la situación que están atravesando las
localidades del eje Ruta 1.
Una vez concedida la entrevista y
puesto en antecedentes el fiscal adjunto, se evaluará la respuesta
de la Fiscalía, que de no dar respuesta a la situación en breve
plazo, habilitará la posibilidad de adoptar medidas más
contundentes.
Los participantes de la reunión
coincidieron en señalar que el problema de inseguridad tiene raíces
en los tres poderes del estado: en el Ejecutivo, a través del
Ministerio del Interior, debido a la abrupta caída de efectivos en
todo el departamento en los últimos años, que se redujo casi a la
mitad; en el Legislativo, que tiene en carpeta sin considerar
numerosos proyectos de ley para modificar normativa vetusta y aprobar
otras iniciativas nuevas; y en el Poder Judicial, principalmente en
lo que responde a la actuación de los fiscales, que mantienen
diferentes criterios a la hora de establecer penas y personas con
profusos antecedentes delictivos son puestas en libertad.
A este respecto, cabe recordar que de
conformidad a la Ley Nº19.334, que la creó, la Fiscalía General de
la Nación es la encargada de “diseñar y ejecutar una política
pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos
y faltas, e infracciones cometidas por adolescentes, ejerciendo la
acción que legalmente proceda”, como así también de
“promover y ejercer la acción civil en los casos expresamente
previstos por la ley y actuar en representación de la sociedad en
los asuntos de intereses difusos”.
La audiencia con el Dr. Cancela ya ha
sido solicitada, y se espera la respuesta en breve concediendo la
entrevista.
Independientemente de esta acción, y a
efectos de continuar acreditando la intranquilidad y el desasosiego
de la sociedad coloniense ante estos hechos, el GPSU continúa
coordinando acciones conjuntas y de impacto social con demás
comisiones e instituciones locales que se han visto perturbadas por
el azote de la inseguridad.
