El Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, que culminó el pasado 15 de noviembre, benefició a más de 204.000 personas en Uruguay, permitiéndoles regularizar su situación financiera. De estas, 117.617 vieron sus deudas canceladas automáticamente, mientras que 95.406 lograron reestructurar sus obligaciones. En total, se realizaron 282.182 operaciones bajo esta iniciativa impulsada por el Banco Central del Uruguay (BCU) y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El programa ofreció condiciones excepcionales, como la cancelación de deudas menores a $5.000 y la reestructuración de montos entre $5.000 y $100.000 sin intereses, multas ni recargos, con pagos en hasta 48 cuotas. La mayoría de los acuerdos de reestructuración, un 70%, se establecieron con plazos inferiores a un año, promoviendo una rápida regularización.
Durante su vigencia, más de 545.000 personas visitaron el sitio web del programa para evaluar su situación, y 278.409 cumplían los requisitos para participar. Autoridades como el presidente del BCU, Washington Ribeiro, destacaron el impacto positivo del programa, señalando que fomentó la educación financiera y el acceso a soluciones para miles de uruguayos con deudas en mora.
La iniciativa fue considerada un éxito no solo por los números alcanzados, sino también por su capacidad de movilizar a deudores con atrasos que no aplicaban a los criterios del programa, pero que buscaron opciones de refinanciamiento directamente con sus acreedores. Además, contó con el apoyo de instituciones financieras, empresas de crédito y otros organismos, lo que garantizó una amplia difusión y acceso.
El BCU planea seguir trabajando en el fortalecimiento de la educación financiera y en la mejora de las condiciones del mercado de crédito, buscando un sistema más transparente y competitivo para todos los ciudadanos.
En la imagen superior, de izquierda a derecha: Verónica Villete, jefa de Conductas de Mercado de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU; Luis Costa, secretario ejecutivo de ANEAC; Luciano Vignali, asesor del Directorio del BCU; Álvaro Fuentes, director de la Unidad Defensa del Consumidor del MEF; Mariela Espino; gerenta general del BROU; Christian Salvarrey, gerente de Gestión Estratégica y Operativa de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU; Alejandro Grasso, presidente de ANEAC; Washington Ribeiro, presidente del BCU; y Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de ABPU.