El sector agrícola ha estado sufriendo
en los últimos años una significativa pérdida de competitividad,
provocando una importante disminución de ingresos para la economía
de nuestro país.
No se visualiza en un futuro cercano
una recuperación de los precios de los granos. Si no se toman
medidas urgentes, el deterioro continuará desmotivando la inversión
y provocando un retroceso en las fronteras agrícolas, dejando a las
zonas alejadas de los puertos fuera del rubro, provocando una
disminución de las áreas sembradas, marginando a productores y
reduciendo considerablemente las fuentes de trabajo. Todo esto, como
ya expresamos, en mayor perjuicio de nuestra sociedad.
Esto se debe a múltiples factores
entre los cuales mencionamos a continuación.
Evolución de costos y
rentabilidades:
Atraso cambiario, tema ya presente y
analizado tanto por la sociedad técnica como por la sociedad en
general
Costos energéticos muy altos
desfasados de la región y por ende de nuestros competidores; tema
insumo que afecta tanto en la producción directa en el campo, como
en los fletes y también en la fase industrial de los distintos
procesamientos. Si bien ha habido una disminución de los costos del
gas-oíl este ha sido absolutamente insuficiente.
Estas políticas provocan que cultivos
tradicionales como los son el trigo y el arroz, se realicen en el
umbral de la relación costo beneficio, con un altísimo riesgo en el
resultado económico lo que ha determinado varias zafras a pérdida.
Como resultado cada año se siembra menos área. En el caso de la
soja, en la última zafra se logró una producción record, pero la
rentabilidad final fue apenas positiva.
Con un año climático promedio los
números hubieran sido rojos.
La incidencia del costo del combustible
en el transporte de carga carretero determina que aquellas zonas más
alejadas de los puertos queden fuera del negocio agrícola,
impactando directamente en puestos de trabajo genuinos.
No aprobación de nuevos eventos
transgénicos:
Al no aprobarse por el gabinete de
Bio-seguridad los eventos genéticamente modificados cuya evaluación
finalizó sin argumentos científicamente comprobables para oponerse
a los mismos se están vulnerando los derechos del productor en
particular y del sector en general, al rezagarlo con respecto a la
región y al mundo en la disponibilidad de tecnología actualizada y
de alto impacto (Sanidad, potencial de rendimiento y calidad entre
otros).
El rezago tecnológico resultante de
esta suerte de moratoria de hecho en materia de organismos
genéticamente modificados impide controlar de manera más efectiva
malezas cuarentenarias en el protocolo suscripto con China para la
exportación de soja (tutía, cepa, abrojo) y otras de difícil
control como son el Amaranthus Palmeri y la coniza (carnicera). El
resultado de la actual política es una mayor presión de
agroquímicos sobre los cultivos, con el consiguiente impacto
negativo en el medio ambiente.
Alguno de estos eventos que no están
aprobados para ser sembrados por los productores en general, si están
aprobados para producción de semilla en contra-estación para el
hemisferio norte. También ingresan a nuestro país como grano para
consumo animal, dado que se encuentran aprobados en la región.
Protocolo para la exportación de
soja a China:
La ausencia de malezas cuarentenarias
que le impone este protocolo a la soja uruguaya, aparte de ser
difícilmente realizable, le ha provocado al productor un desmedido
aumento de costos. Descuentos y mermas que escapan a su posible
control y que provoca un aumento de las pre-limpiezas, con un patrón
aparentemente estadístico, con los consiguientes beneficios para sí.
También en muchos casos, se ha aumentado la distancia a puerto desde
las chacras, debido a los lugares donde se encuentran los puntos de
toma de muestras.
Proponemos que se renegocie el límite
de malezas cuarentenarias a situaciones lógicas, para el próximo
protocolo.
Cuidado del medio ambiente:
Las buenas prácticas agrícolas como
son la siembra directa y la utilización de bio-tecnología de última
generación, entre otras, minimizan los riesgos de erosión y
disminuyen el uso de insecticidas y herbicidas.
Vemos que las políticas reguladoras
impulsadas desde el MGAP, no tienen el efecto buscado y por el
contrario le provocan al productor una rigidez inadecuada en su toma
de decisiones.
Es responsabilidad de todas las partes
realizar las aplicaciones de agroquímicos de manera tal que el
impacto en el ambiente sea el menor posible y que no se ponga en
riesgo la salud del operario en primer lugar y de toda la población
en general. Creemos con preocupación que la nueva reglamentación
para estas aplicaciones no tenga el efecto que perseguimos todas las
partes. Entendemos que se van a encarecer las aplicaciones
profesionales y que van a disminuir los equipos que cumplan con la
nueva normativa. Esto va a provocar, desde nuestro punto de vista,
con un aumento de la informalidad del sector y por consiguiente con
un efecto contrario al buscado.
Creemos que la manera más efectiva de
conseguir mejoras sustanciales en pro del objetivo buscado, pasa
esencialmente por la capacitación y la periódica actualización de
los aplicadores profesionales y los responsables de las empresas que
brindan este servicio.
Entendemos que se debe continuar con la
construcción de la Convivencia entre distintos rubros productivos,
con normas precisas a partir de las cuales surjan obligaciones para
todas las partes que eviten situaciones como la vivida por los
apicultores de Salto. No se trata de demonizar sistemas productivos
ni productores a partir de su tamaño, ese facilismo suele obedecer a
razones ideológicas que en nada contribuyen a construir el país
productivo del que todos dependemos.
La Asociación Rural analiza en forma
permanente estos temas y se encuentra abierta para colaborar en su
solución, con planteos claros y concretos, para el mejor desarrollo
y nivel de vida de nuestra sociedad.
